Gobernador René Safirio entregó resultados de una auditoria externa que reveló la existencia de un “mecanismo sistemático de corrupción”, que están hoy bajo investigación tras poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía Regional. “Aquí hay crimen organizado”, sentenció.
El Gobierno Regional de La Araucanía enfrenta uno de los escándalos financieros más severos de los últimos años. Un informe de auditoría externa, entregado por el gobernador René Saffirio a la Fiscalía Regional, reveló que casi 80 millones de dólares en recursos públicos están sin rendición, sin respaldo contable y no han sido reintegrados al presupuesto regional.
El estudio —realizado por la consultora Fortunato y Asociados entre 2022 y 2024— concluyó con una abstención de opinión, la calificación más grave dentro de una auditoría financiera, debido a la imposibilidad de validar la veracidad de los saldos. Además, el documento advierte que existen más de $756 mil millones en propiedades y bienes que no han sido regularizados ni transferidos a sus beneficiarios finales.
En una declaración pública, particularmente dura, el gobernador Saffirio afirmó que lo revelado por la auditoría «no es casualidad», subrayando que los hallazgos dan cuenta de una estructura utilizada deliberadamente para defraudar al Gobierno Regional. “Aquí hay crimen organizado; esto no ocurre por azar. Hay muchas personas involucradas”, sentenció.
Saffirio también explicó que en 2022, durante la administración anterior, se dictó una resolución que delegó firmas en otros funcionarios, «proveyendo de cierta impunidad» respecto de los actos administrativos utilizados para defraudar de manera gradual al Gobierno Regional. A su juicio, esto configura una combinación de notable abandono de deberes e intencionalidad para manipular el uso de recursos públicos en perjuicio del patrimonio regional.
Tras presentar los antecedentes al Ministerio Público, el gobernador solicitó celeridad en las investigaciones y anunció acciones administrativas inmediatas, incluyendo sumarios internos y el envío del informe completo a la Contralora General de la República para acelerar los procesos disciplinarios ya en curso.
La denuncia instala un escenario de máxima gravedad institucional en La Araucanía, donde los recursos comprometidos correspondían a proyectos destinados al desarrollo de comunidades vulnerables. “La ciudadanía tiene derecho a saber la verdad. Este es un fraude monumental que afectó el patrimonio de todos los habitantes de la región”, cerró Saffirio.
Prensa El Fuerte, en colaboración con Prensa Gore Araucanía
