En una declaración pública hacen un llamado a establecer procesos más transparentes, reglas claras, proporcionalidad en las sanciones y un enfoque que incorpore educación, acompañamiento y seguridad.
Los pescadores artesanales de la zona centro-sur del país denunciaron lo que califican como una “creciente criminalización” de su oficio, acusando a las autoridades —y especialmente al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)— de aplicar multas “desproporcionadas” y ejecutar procesos fiscalizadores que consideran “abusivos” y alejados de la realidad que viven las caletas.
En una declaración, firmada por el dirigente Rosendo Arroyo, vocero de la Mesa Pelágica de Coronel, región del Boibío, sostienen que la pesca artesanal “ha pasado de ser un trabajo digno a una actividad tratada con sospecha”, con sanciones que en algunos casos superan los 20 millones de pesos, montos que califican como “imposibles de pagar” para armadores y patrones de embarcación. “En la práctica, Sernapesca se convierte en juez y parte”, señala el documento.
Los dirigentes acusan además falta de proporcionalidad y un trato desigual. Plantean que las infracciones administrativas que afectan al sector artesanal “se sancionan de inmediato”, mientras —según indican— las grandes empresas pesqueras cuentan con asesorías jurídicas que les permiten revertir o dilatar sus procesos sancionatorios. “A nosotros se nos condena sin derecho a defensa; eso no es justicia, es abuso institucional”, afirman.
El texto advierte también que pesquerías como la sardina, anchoveta, jurel, jibia, reineta y merluza enfrentan lo que describen como una “persecución administrativa y judicial”, marcada por fiscalizaciones que, a su juicio, no buscan garantizar la sustentabilidad, sino aplicar multas sin considerar que detrás hay familias que dependen de ese recurso.
Los pescadores sostienen que el diseño de las políticas públicas “se hace desde Santiago”, sin diálogo con los territorios ni comprensión del oficio artesanal. Aseguran que la institucionalidad vigente ve a quienes trabajan en el mar “no como socios en la gestión del recurso, sino como potenciales infractores”.
También cuestionan el rol que, señalan, debería desempeñar Sernapesca. “Necesitamos que vuelva a ser un aliado técnico y no un actor represivo desconectado de la realidad de las caletas”, indican.
La declaración concluye con un llamado a establecer procesos más transparentes, reglas claras, proporcionalidad en las sanciones y un enfoque que incorpore educación, acompañamiento y seguridad para quienes viven de la pesca artesanal. “No pedimos privilegios: exigimos respeto y justicia. La institucionalidad no puede seguir ciega a la realidad costera”, enfatizan.
Prensa El Fuerte
