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Catástrofes e Institucionalidad Pública, Academia y Comunidad: La Urgencia de una Articulación Efectiva

Chile, una loca geografía, como la describió Benjamín Subercaseaux, es uno de los países más hermosos del planeta. Con cuatro estaciones muy marcadas, cordilleras, volcanes y termas, desiertos, lagos, ríos, bosque, fauna nativa y una extensa costa que nos provee de abundantes delicias marinas.

El trasfondo de esta incalculable belleza son las constantes amenazas a la normalidad de nuestras vidas, por el juego de la naturaleza y la tendencia a ignorar lo que ella nos enseña. Así, por ejemplo, el cambio climático, fenómeno cíclico de nuestro planeta que el descuido humano lo está acelerando y llevando a niveles extremos, para los cuales no estamos preparados por sus graves consecuencias.

Hay tres actores que tienen un papel relevante de abordar en el desafío frente a las catástrofes. El primero, los organismos públicos de nivel nacional que, asumiendo el centralismo administrativo y decisional, tienen la responsabilidad principal. Son ellos los que, con base en estudios, deciden y ejecutan políticas en obras públicas, desarrollo urbano y rural. Ministerios y sus servicios son responsables de más del 80% de la acción pública en los territorios. Se suman gobiernos regionales y municipios que, con escasas competencias y menores recursos, procuran incidir en los procesos de desarrollo.

Un segundo actor relevante es el sector productivo y la sociedad civil que, con sus decisiones, está interviniendo y transformando el paisaje. Su accionar no siempre se sustenta en antecedentes técnicos o científicos, sea por ignorancia o el desconocimiento consciente de las normas y orientaciones que entrega la autoridad.

A los dos anteriores se suma el mundo académico que tiene como una de sus principales misiones investigar la realidad física y humana en que hoy se desenvuelven nuestras vidas. Sus estudios buscan ilustrar a la sociedad y, sobre todo, constituirse en antecedentes válidos para fundar las políticas públicas y las decisiones de empresas, sociedades y familias.

Una primera aproximación a lo vivido en Ñuble y Biobío y en las anteriores catástrofes evidencia que, en cada caso las universidades locales han hecho relevantes y fundados aportes, sea previendo riesgos, sugiriendo formas de enfrentar estos momentos dramáticos y, también, proponiendo acciones para reconstruir y preparar la asunción de una nueva normalidad. Esto último incluye el impacto en la salud mental de las comunidades afectadas.

Tema sensible es la radicación de familias y campamentos en zonas de mayor peligro, elaboran mapas que identifican la afectación a servicios básicos; han estudiado como el tipo de plantaciones existentes favorecen eventuales incendios y como la insuficiente interfaz bosque/ciudad facilita que un incendio forestal derive a uno urbano.

A las señales preventivas, se suman las recomendaciones con base en la experiencia internacional y nacional, es el caso de la remoción de escombros en zonas quemadas, la ampliación de vías de acceso, elección de materiales de construcción que repelen el fuego, reforestación con especies nativas u otras más resistentes a incendios.

Abordando las secuelas físicas de estas catástrofes, las universidades impulsan programas de apoyo psicológico y de recuperación de la vida social y económica a las víctimas. Así como también, han estudiado el impacto de los incendios en la vida microscópica de los suelos, lo que dificultaría proyectos de reforestación, especialmente con especies nativas.

Las catástrofes no pueden asumirse sólo como naturales. Muchas develan que, existiendo suficientes estudios, Chile presenta insuficiente prevención y débil articulación de los actores concernidos. Este desafío debe abordarse desde varias dimensiones, un efectivo ordenamiento territorial, modernización de nuestra normativa, mayores facultades y recursos a gobiernos regionales y municipios, fortalecer las entidades vinculadas al tema y, sobre todo, avanzar hacia una efectiva, más que declarativa, articulación entre los principales actores en el tema, estado, sociedad civil y academia.

Las universidades regionales, continuarán cumpliendo su aporte, investigando, dando una formación integral y de calidad, ejecutando programas con los actores locales –públicos, privados y sociales-, y sobre todo reiterando su profundo compromiso con la seguridad y bienestar de sus comunidades.

José Abalos K.
Director Ejecutivo Agrupación de Universidades Regionales AUR.

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