Capacitación del Ministerio del Medio Ambiente marca el inicio de un proceso que busca abordar uno de los principales conflictos entre industria y comunidades.
Uno de los problemas ambientales más persistentes en zonas con actividad pesquera —los olores— comenzará a tener un marco regulatorio concreto en el país, luego de que el Ministerio del Medio Ambiente avanzara en la implementación de una nueva norma que obligará a las empresas del sector a reducir sus emisiones en un 70%.
En ese contexto, la Seremi del Medio Ambiente del Biobío realizó una jornada de capacitación dirigida a empresas del rubro, enfocada en explicar los alcances de esta regulación que entrará en vigencia el 17 de junio de 2026 y que establece, por primera vez, límites específicos y exigencias operacionales para este tipo de emisiones.
Estándar medible
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que transforma un fenómeno complejo —y muchas veces difícil de fiscalizar— en un parámetro concreto, medible y sujeto a control.
El seremi del Medio Ambiente del Biobío, Mario Delannays, destacó que “esta norma es un anhelo de la comunidad y un avance significativo en materia ambiental y de calidad de vida para nuestra región. Como Ministerio del Medio Ambiente estamos impulsando su implementación junto al sector pesquero para avanzar hacia procesos más sustentables y con mejores estándares ambientales.”
La entrada en vigencia de la norma abre un periodo de cuatro años para que las empresas ajusten sus procesos, lo que implicará inversiones en tecnología y la implementación de mejores prácticas operacionales.
La gerente de Sustentabilidad de Pescadores Industriales del Biobío, Monserrat Jamett, señaló que “sabemos que esto representa un desafío, pero también una oportunidad para seguir avanzando en gestión de olores y sustentabilidad en nuestros procesos…”
La implementación de esta normativa marca un punto de inflexión en la relación entre industria y comunidades, especialmente en territorios donde la actividad pesquera convive directamente con zonas residenciales.
El control de olores deja de ser una demanda sin respuesta clara y pasa a formar parte de una política pública con estándares definidos, lo que podría modificar de manera significativa la percepción y el impacto de esta actividad en el entorno.
Redacción El Fuerte Noticias
