Condena inmediata desde el mundo político, académico e institucional marcó la jornada tras los incidentes registrados en la Universidad Austral, mientras el Ejecutivo activó acciones legales y la Fiscalía inició diligencias para identificar a los responsables.

Un rechazo transversal, inmediato y categórico se registró a nivel nacional tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, durante la inauguración del año académico 2026 de la Universidad Austral de Chile, en un episodio que derivó en el anuncio de acciones legales y el inicio de investigaciones.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, fue categórico al condenar lo ocurrido, señalando que “el Gobierno de Chile condena en los términos más enérgicos los actos de violencia de esta jornada contra la señora ministra de Ciencia, como asimismo en contra de nuestra delegada presidencial durante su visita a la Universidad Austral de Chile. Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario que debe ser, por definición, un espacio de aprendizaje, debate y convivencia”, agregando que “la violencia no tiene lugar en ningún espacio de la vida democrática chilena”.

En esa misma línea, enfatizó que “este gobierno no se va a amedrentar. Quienes creen que la agresión y la intimidación son herramientas válidas para callar al Estado o frenar el trabajo de sus autoridades están total y profundamente equivocados”, junto con confirmar que “hemos dispuesto la presentación de una querella criminal por atentado contra la autoridad que patrocinará el Ministerio de Seguridad Pública”. Asimismo, hizo un llamado a la casa de estudios señalando que “la impunidad no puede ser la respuesta” y que Chile requiere “universidades libres, seguras y abiertas al diálogo”.

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, endureció el tono frente a lo ocurrido, calificando los hechos derechamente como un delito. “En estado de derecho, sí, las manifestaciones se pueden dar, pero esto no es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar”, afirmó, confirmando además que “el Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día”, precisando que se imputará el delito de atentado contra la autoridad, con penas de presidio menor en su grado medio.

En paralelo, desde el ámbito judicial se confirmó el inicio de diligencias. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, detalló que la investigación quedó a cargo de la fiscal jefe de Valdivia y que se instruyeron diligencias urgentes a la BIPE de la PDI para identificar a los responsables. Asimismo, indicó que la Unidad de Víctimas y Testigos se encuentra prestando apoyo a la ministra afectada.

Condena de los hechos desde la UACh

Desde el ámbito institucional, la Universidad Austral de Chile condenó lo ocurrido y anunció la apertura de una investigación interna. “Condenamos categóricamente las agresiones sufridas por la ministra de Ciencia”, señaló la casa de estudios, agregando que si bien promueve espacios de diálogo y diversidad de ideas, “no toleraremos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas”. Asimismo, confirmó que se buscará determinar responsabilidades conforme a sus normativas internas.

Asimismo, expresiones de apoyo a la autoridad se manifestaron desde distintos sectores políticos, parlamentarios oficialistas y de oposición, así como autoridades regionales y diversas instituciones públicas, configurando una condena amplia y transversal frente a los hechos registrados en la capital de Los Ríos.

A su vez, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile también se pronunció a través de una declaración pública, señalando que “las expresiones de descontento y la movilización social son legítimas y deben ser escuchadas por las autoridades del país”, aunque precisaron que “condenamos y no amparamos cualquier acto de violencia acaecido en contra de la ministra”. No obstante, indicaron que ello “no significa una pérdida del valor del fondo de la manifestación”, sosteniendo que el descontento responde a decisiones del Gobierno y haciendo un llamado a avanzar en un diálogo que permita disminuir la conflictividad social.

Rechazo transversal a la agresión

El rechazo transversal a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, da cuenta de una señal contundente: la sociedad chilena no está dispuesta a tolerar hechos de violencia contra autoridades, más allá de las diferencias políticas o de las posturas que puedan existir frente a las decisiones del Gobierno. La condena unitaria desde el mundo político, académico e institucional refleja que existe un consenso básico respecto de los límites que no se deben cruzar.

El clima de polarización que se ha instalado en el país, especialmente tras los últimos procesos electorales, no puede transformarse en una normalidad. La confrontación de ideas es parte de la democracia, pero cuando deriva en agresión o violencia, se rompe el mínimo necesario para la convivencia y el diálogo.

En ese contexto, resulta fundamental reafirmar que ninguna legítima expresión de descontento justifica la violencia. Más aún cuando se trata de agresiones dirigidas contra una autoridad de Estado que representa al Gobierno, pero que además cuenta con una trayectoria académica y profesional que respalda plenamente su rol. Se trata de una ministra que no solo cumple una función institucional, sino que además es la primera mujer de origen mapuche en asumir esta cartera, con una extensa formación y experiencia en el ámbito científico y académico, incluyendo décadas de trabajo en el extranjero. Sus pergaminos dan cuenta de una autoridad con méritos suficientes para ejercer el cargo, lo que hace aún más grave que el debate de ideas haya sido reemplazado por la agresión.

Marcelo Patroni, director El Fuerte Noticias