La región alcanzó un 33% de ejecución al cierre de abril de 2026, ubicándose nuevamente en el primer lugar del país. El resultado se suma al 100% de cumplimiento presupuestario registrado durante 2025.
La acción judicial apunta a un presunto perjuicio fiscal superior a los $143 millones asociados a programas ejecutados entre 2022 y 2023 con recursos transferidos desde el Gobierno Regional de La Araucanía.